Qué cambia el PPLI cuando la familia cambia de opinión

La flexibilidad es una parte de la ventaja fiscal, no una ventaja aparte: por qué vale tanto el diferimiento se explica en la página sobre eficiencia fiscal. Y los mismos activos que se mueven sin impuesto están, si el contrato resiste, bajo la ley de segregación de la sede de la aseguradora: es el tema de la página sobre protección patrimonial.

La línea que hay que leer primero es la segunda: los impuestos pagados en todos los cambios del período. No es la cifra de una declaración, es el capital que en veinte años salió de la cartera antes de poder capitalizarse. Después mire las dos líneas de neto final: la póliza paga el mismo tipo al final sobre una base mayor y gana si el coste anual es contenido y los cambios son más de uno. Y mire la última línea antes de firmar con una aseguradora de la que quizá quiera salir: ese rescate es el precio de la libertad de cambiar de aseguradora.

El art. 14.2.h de la Ley 35/2006 dispone que "se imputará como rendimiento de capital mobiliario a que se refiere el artículo 25.3 de esta Ley, de cada período impositivo, la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión". La regla no se aplica en dos casos. Excepción A: "no se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza". Excepción B: las provisiones están invertidas en instituciones de inversión colectiva predeterminadas en el contrato, adaptadas a la Ley 35/2003 o amparadas por la Directiva 2009/65, o en "conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora" que cumplan tres requisitos.

Primero: "la determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deberá corresponder, en todo momento, a la entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir los activos con sujeción, únicamente, a criterios generales predeterminados relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias objetivas". Segundo: la inversión debe hacerse en activos que cumplan el art. 89 del Real Decreto 1060/2015, y "en ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios". Tercero: "el tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determinación de los activos concretos", y la elección se hace entre cestas "expresamente designados en los contratos, sin que puedan producirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado". La ley cierra: "las condiciones a que se refiere esta letra h) deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato".

Permite elegir entre cestas y perfiles, cambiar de cesta, pedir un perfil de riesgo distinto y proponer un gestor al que la aseguradora encarga la cesta con criterios generales. No permite que el tomador, su family office o un gestor que actúe como su mandatario elijan los valores concretos, ni una cesta diseñada para un solo tomador. Una cesta a medida en la que el cliente decide los títulos rompe la excepción y activa la imputación anual de la variación del valor liquidativo; lo imputado minora después el rendimiento al cobrar, pero el diferimiento se ha perdido. La fiscalidad general del unit linked en España, tramo a tramo, está en el artículo sobre fiscalidad del unit linked en España; aquí nos quedamos en lo que puede cambiar.

El art. 25.3.a LIRPF califica como rendimientos del capital mobiliario los "procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez" y fija la regla: "cuando se perciba un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendrá determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas". No hay renta sin percepción. Por eso el cambio de una cesta a otra, el reequilibrio dentro de una cesta, la sustitución del gestor por la aseguradora y el cambio de banco depositario no generan rendimiento: no se percibe capital y las primas satisfechas no cambian. El rendimiento es renta del ahorro (art. 46.a) y tributa por la escala conjunta de los arts. 66 y 76: 19 por ciento hasta 6.000 €, 21 hasta 50.000, 23 hasta 200.000, 27 hasta 300.000 y 30 en adelante.

La aseguradora domiciliada en otro Estado del Espacio Económico Europeo que opere en España en libre prestación de servicios "deberá practicar retención e ingreso a cuenta en relación con las operaciones que se realicen en España" (art. 99.2 LIRPF), al 19 por ciento (art. 101.4). La retención se practica al pagar el rescate; mientras no hay rescate no hay retención, y esa es la traducción contable de la flexibilidad. La aseguradora opera en España desde que su supervisor remite a la DGSFP la comunicación del art. 48.2 (art. 57 LOSSEAR), y el tomador puede comprobar la inscripción en el registro público de la DGSFP. Una aseguradora de Bermudas o Caimán no es del EEE: no vende en libre prestación, no retiene y el tomador declara por su cuenta.

Cambiar de aseguradora. No hay en la LIRPF ninguna regla de movilización entre unit linked, y el rescate para pagar una prima nueva es una percepción de capital: tributa por la diferencia con las primas, con retención del 19 por ciento, y la nueva póliza empieza con primas iguales al neto. Es el tema de la sección siguiente.

La Lettre circulaire 15/3, "relative aux règles d'investissements pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement", ordena a los tomadores en categorías según la prima invertida y la fortuna en valores mobiliarios. El fondo interno dedicado, la cesta propia de un contrato gestionada por un gestor designado por la aseguradora, exige 125.000 € como mínimo; los fondos de seguro especializados están abiertos a todas las categorías. Las categorías amplían progresivamente los activos admisibles; la letra que se obtiene depende de dos cifras y no de la voluntad de nadie.

Dos advertencias. La primera: la circular es luxemburguesa y ordena lo que la aseguradora puede hacer; la ley española ordena lo que el tomador puede hacer sin perder el diferimiento, y las dos deben cumplirse a la vez. Un fondo dedicado en el que la familia propone un gestor y la aseguradora lo nombra con un mandato de criterios generales cabe en ambas; un fondo en el que la familia da instrucciones sobre valores cabe en la circular y no en el art. 14.2.h. La segunda: no hemos contrastado si una circular posterior del CAA ha sustituido a la 15/3; compruebe la vigente antes de firmar. Cómo se articula el mandato, quién custodia y qué puede pedir la familia está en el artículo gestor y fondo dedicado: la familia propone, la aseguradora nombra. Qué activos caben, incluidas las empresas privadas y los fondos alternativos, tiene sus propios artículos sobre qué puede tener una póliza y sobre hedge funds dentro del PPLI; la plaza en conjunto, en el de Luxemburgo y el triángulo de seguridad.

El art. 94.1.a LIRPF dispone que en el traspaso "no procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición". Se aplica exclusivamente a reembolsos y transmisiones de participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva; no menciona seguros. El art. 14.2.h, leído íntegro, no contiene ninguna regla de movilización. La disposición adicional tercera prevé la movilización sólo entre planes individuales de ahorro sistemático, con primas máximas de 8.000 € anuales; la vigésima segunda, sólo entre sistemas de previsión social de los arts. 51 y 53; la vigésima sexta, apartado 5, entre seguros individuales de ahorro a largo plazo. Fuera de esos tres regímenes no hay traspaso neutro entre seguros de vida, ni entre aseguradoras ni dentro de la misma.

Un rescate y una prima nueva. El rescate tributa por la diferencia entre el capital percibido y las primas satisfechas (art. 25.3.a), en la base del ahorro, con retención del 19 por ciento si la aseguradora opera en libre prestación de servicios (art. 99.2). La nueva póliza empieza con primas iguales al neto recibido: la base fiscal se reinicia, como en la cartera directa tras una venta. Con los números de la calculadora, 3.000.000 € al 6 por ciento durante diez años valen 5.372.543 €; el rescate paga 545.685 € al 23 por ciento, de los que 450.783 € se retienen al pagar. Si existe doctrina administrativa que matice algún caso, no la hemos verificado y no la citamos. La consecuencia práctica: la elección de aseguradora, jurisdicción y depositario se hace una vez y con la intención de no deshacerla, y la comparación de jurisdicciones va antes de la firma, no después. Lo que sí puede cambiar sin rescate es el gestor y el depositario dentro de la misma póliza, porque son decisiones de la aseguradora sobre su propio balance.

Para un residente en España la cuestión es de IRPF y de información, no de autorización. Entregar valores con plusvalía latente como prima en especie es una alteración de la composición del patrimonio que tributa por las reglas generales de las ganancias patrimoniales (arts. 33 y siguientes LIRPF), en la base del ahorro; la póliza con aseguradora extranjera se declara en el modelo 720 si, junto con el resto de bienes en el extranjero, supera 50.000 € (art. 42 ter RD 1065/2007), y el régimen sancionador específico fue suprimido por la Ley 5/2022 tras la sentencia C-788/19. El artículo sobre el modelo 720 y el seguro de vida extranjero lo desarrolla. La ley española no regula la prima en especie: es el contrato el que dice qué acepta la aseguradora y a qué valor.

En Argentina, la Comunicación "A" 8226 del BCRA, de 11 de abril de 2025, permite a las personas humanas acceder al mercado de cambios sin conformidad previa para comprar moneda extranjera, con requisitos de consistencia con ingresos y activos y registro en el sistema del BCRA, y con límite para el uso de efectivo en pesos. No hemos verificado comunicaciones posteriores ni el tratamiento específico del pago de primas al exterior: el régimen cambiario argentino cambia con frecuencia y hay que comprobar la comunicación vigente. En Bienes Personales no existe exención para seguros de vida (art. 21 Ley 23.966), con alícuotas del 0,50 y 0,75 por ciento en 2026. En Colombia no hemos podido verificar el régimen cambiario ni el registro de inversiones en el exterior; no publicamos cifras no verificadas para este caso. En Chile hay libertad cambiaria con deber de información al Banco Central bajo el Capítulo XII de su Compendio, cuyo texto y umbral no hemos verificado; lo que sí está verificado es que cada prima pagada a una aseguradora no establecida en Chile soporta el impuesto adicional del 22 por ciento "sobre el monto de la prima de seguro o de cada una de las cuotas en que se haya dividido la prima, sin deducción de suma alguna" (art. 59 N.º 3 LIR). Una cartera de 1.000.000 USD que entra como prima desde Chile deja 220.000 USD en el impuesto antes de invertir el primer dólar. Todo el recorrido, país por país, está en el artículo sobre la aportación en especie.

La póliza debe regular los derechos de rescate y reducción de modo que el asegurado pueda conocer en todo momento el valor de rescate (art. 94 LCS); el tomador puede ejercitarlo pagadas las dos primeras anualidades, conforme a las tablas de la póliza (art. 96), y el asegurador debe conceder anticipos sobre la prestación asegurada (art. 97). Con activos cotizados el valor de rescate es el del día; con un fondo de capital privado es el último valor comunicado por el gestor, a veces con meses de retraso. Ese mismo valor de rescate es el que se computa en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el ITSGF (art. 17 Ley 19/1991: valor de rescate en el momento del devengo, o provisión matemática si el tomador no puede rescatar), y el que se consigna en el modelo 720 a 31 de diciembre (art. 42 ter.3.a RD 1065/2007). La política de valoración de la aseguradora no es un detalle operativo: es la base imponible de dos impuestos y de una declaración informativa.

La Ley de Contrato de Seguro no regula el pago del rescate en especie; es el contrato el que dice si la aseguradora puede entregar los activos en lugar de dinero, con qué valoración y en qué plazo. Para el IRPF, el rendimiento sigue siendo la diferencia entre el capital percibido, dinerario o en especie (art. 25.3.a habla de "rendimientos dinerarios o en especie"), y las primas satisfechas. Los activos de cada cesta deben cumplir el art. 89 del RD 1060/2015 y nunca pueden ser inmuebles ni derechos reales inmobiliarios (art. 14.2.h): una póliza española con diferimiento no tiene pisos dentro, y la página sobre inmuebles y PPLI explica lo que sí se puede hacer. Cómo funcionan el valor liquidativo rezagado, los compartimentos de activos ilíquidos y el rescate parcial está en el artículo sobre valoración de activos ilíquidos y rescate en especie; la liquidez sin rescatar, mediante anticipos y préstamos con la póliza como garantía, en el de préstamos y liquidez. Qué cuesta todo esto cada año está en la página sobre costes y economía del PPLI.

El tomador elige entre cestas designadas en el contrato y nunca los activos concretos; no puede haber especificaciones singulares para él; la aseguradora decide con plena libertad dentro de criterios generales; y todo ello durante toda la vigencia (art. 14.2.h). Quien quiera dar órdenes tiene una cartera directa, con su impuesto en cada venta. Un asesor que le venda "control total" dentro de una póliza española con diferimiento le está vendiendo la imputación anual.

Entregar valores con plusvalía como prima aflora la ganancia por las reglas generales del IRPF. Cambiar de aseguradora es rescate más prima nueva, porque el art. 94 LIRPF sólo cubre instituciones de inversión colectiva y las disposiciones adicionales sólo PIAS, previsión social y SIALP. Desde Chile, además, cada prima a una aseguradora no establecida allí soporta el 22 por ciento, y una segunda póliza es un segundo 22 por ciento.

El valor de rescate de una póliza con capital privado es el que el gestor del fondo comunica, cuando lo comunica, y el pago en especie depende del contrato. Ese valor se computa en Patrimonio y en el modelo 720. Y en Colombia no afirmamos que la póliza difiera el crecimiento, porque no lo hemos verificado; en México no publicamos cifras. Para saber si la estructura tiene sentido antes de discutir qué puede tener dentro, la página para quién es adecuado el PPLI es el punto de partida; quién puede ver los movimientos, en la de privacidad y confidencialidad; qué ocurre con la cesta al fallecer el asegurado, en la de planificación sucesoria.

No, si la póliza cumple el art. 14.2.h LIRPF. El rendimiento del seguro es la diferencia entre el capital percibido y las primas satisfechas (art. 25.3.a) y nace sólo al cobrar. La sustitución del gestor es una decisión de la aseguradora sobre su propia cesta: no hay percepción de capital, las primas no cambian y no hay retención. Si el tomador interviene en la determinación de los activos concretos, la póliza pasa a la imputación anual.

Puede proponerlo. La ley exige que la determinación de los activos de cada cesta corresponda en todo momento a la aseguradora, con plena libertad dentro de criterios generales de perfil de riesgo, y que el tomador sólo elija entre cestas designadas en el contrato, sin especificaciones singulares (art. 14.2.h). En la práctica la familia propone un gestor y la aseguradora lo nombra con un mandato de criterios generales; un gestor que actúe como mandatario del tomador sobre valores concretos rompe la excepción.

Es la cesta propia de un contrato, gestionada por un gestor designado por la aseguradora y depositada en un banco. En Luxemburgo la Lettre circulaire 15/3 del Commissariat aux Assurances exige 125.000 euros como mínimo, y ordena a los tomadores en categorías N, A, B, C y D según la prima invertida (125.000 a 1.000.000 euros) y la fortuna en valores mobiliarios (250.000 a 2.500.000 euros). No hemos contrastado si una circular posterior la sustituye.

No. Para un residente en España la entrega de valores con plusvalía latente como prima en especie altera la composición de su patrimonio y la ganancia tributa por las reglas generales de las ganancias patrimoniales (arts. 33 y siguientes LIRPF), en la escala del ahorro. La ley no regula la prima en especie: es el contrato el que dice qué acepta la aseguradora y a qué valor. La póliza entra además en el modelo 720 si el conjunto de bienes en el extranjero supera 50.000 euros.

No. El traspaso neutral del art. 94 LIRPF se aplica sólo a instituciones de inversión colectiva; la disposición adicional tercera sólo a PIAS, la vigésima segunda a sistemas de previsión social y la vigésima sexta a SIALP. Cambiar de aseguradora es un rescate, que tributa por capital menos primas con retención del 19 por ciento, y una prima nueva. Con 3.000.000 euros al 6 por ciento durante diez años, el rescate cuesta 545.685 euros al 23 por ciento.

En Chile las sumas percibidas del seguro de vida no constituyen renta (art. 17 N.º 3 LIR), pero cada prima pagada a una aseguradora no establecida en Chile soporta un impuesto adicional del 22 por ciento sobre la prima (art. 59 N.º 3): un coste de entrada real, y un segundo 22 por ciento si cambia de aseguradora. En Colombia rige la renta mundial (art. 9 ET) a la tarifa del art. 241, y no afirmamos que la póliza difiera el crecimiento porque no lo hemos verificado.

El contrato sigue sin rescate. Si opta por el art. 93 LIRPF, durante el año del cambio y los cinco siguientes las rentas de fuente extranjera distintas del trabajo quedan fuera del IRPF y el Patrimonio se tributa por obligación real. Al terminar el régimen la póliza sólo evita la imputación anual si cumple el art. 14.2.h: las cestas deben estar estructuradas antes del sexto período.

Capital privado y fondos alternativos sí, si la cesta cumple el art. 89 del RD 1060/2015 y la categoría de cliente de la circular luxemburguesa lo permite. Inmuebles y derechos reales inmobiliarios no, en ningún caso, si se quiere el diferimiento del art. 14.2.h. El valor de rescate de una cesta con activos ilíquidos es el último valor comunicado por el gestor, y ese valor se computa en el Impuesto sobre el Patrimonio (art. 17 Ley 19/1991) y en el modelo 720; el pago del rescate en especie depende del contrato.