Argentina, Colombia y el nuevo mapa fiscal latino

Dos países del mismo continente avanzan, en el mismo momento, en direcciones opuestas. Argentina rebaja la carga sobre el patrimonio; Colombia la endurece. Para las familias latinoamericanas con grandes patrimonios, ese contraste encierra la lección central de la planificación en la región: la norma fiscal es una variable, no una constante, y la arquitectura patrimonial tiene que estar construida para resistir sus vaivenes.

Argentina: la carga que se aligera

En Argentina, la Ley 27.743 marcó un cambio de rumbo en la tributación sobre el patrimonio. El impuesto sobre los Bienes Personales entró en una senda de reducción progresiva de sus alícuotas, con una convergencia prevista hacia el 0,25 % para 2027. Es un movimiento de simplificación y aligeramiento que rompe con años de presión creciente sobre el patrimonio declarado.

La misma ley introdujo un régimen especial de ingreso del impuesto, el REIBP, concebido para ofrecer algo que en Argentina tiene un valor difícil de exagerar: estabilidad fiscal. A cambio de un ingreso anticipado, el régimen ofrece a quienes se acogen una previsibilidad sobre el tratamiento de su patrimonio durante un periodo, blindándolo frente a cambios posteriores. En un país donde la incertidumbre normativa ha sido el principal enemigo de la planificación, la promesa de estabilidad es en sí misma el producto.

El caso argentino ilustra una cara de la volatilidad regional: la del alivio. Pero un alivio nacido de una ley puede revertirse con otra, y la propia existencia de regímenes de estabilidad fiscal reconoce, implícitamente, que la regla general no es estable. La familia argentina que planifica sabe que la fotografía favorable de hoy es eso, una fotografía.

Colombia: la carga que se endurece

Colombia recorre el camino inverso. El Decreto 1474, de 29 de diciembre de 2025, endureció el impuesto al patrimonio por dos vías simultáneas. Rebajó el umbral de sujeción, que pasó de 72.000 a 40.000 UVT, ampliando así el número de patrimonios alcanzados por el tributo. Y elevó la progresividad de las tarifas, que se escalonan entre el 0,5 % y el 5 %.

El efecto combinado es un ensanchamiento notable de la base y un aumento de la carga en los tramos altos. Patrimonios que antes quedaban por debajo del umbral entran ahora en el ámbito del impuesto, y los que ya tributaban afrontan tarifas superiores en la parte alta de la escala. Colombia representa la otra cara de la volatilidad regional: la del endurecimiento, con un patrimonio que debe adaptarse a una presión creciente.

Las familias colombianas afrontan así el desafío contrario al de sus vecinos argentinos, pero la raíz del problema es la misma. Un cambio normativo, aprobado en el último día del año, altera de golpe las condiciones sobre las que se había planificado. Lo que ayer estaba fuera del impuesto hoy está dentro. Abordamos la respuesta patrimonial legítima a estos cambios en nuestra sección de preservación patrimonial.

La lección común: arquitectura frente a norma

Argentina y Colombia parecen contar historias opuestas, pero cuentan la misma. En ambos casos, la carga sobre el patrimonio se ha movido de forma significativa en un solo acto normativo, en una dirección u otra, y las familias han tenido que reaccionar. Esa es la constante de la región: no el nivel de la carga, sino su capacidad de cambiar. Planificar en América Latina exige asumir que la norma de hoy no será necesariamente la de pasado mañana.

De ahí que la pregunta relevante no sea qué régimen es más favorable ahora, sino qué arquitectura patrimonial resiste mejor los cambios de régimen. Una estructura atada a una ventaja fiscal concreta es tan frágil como esa ventaja. Una estructura construida sobre fundamentos duraderos —seguridad jurídica sobre la propiedad, custodia institucional, un marco de transmisión ordenado— soporta mejor los vaivenes, porque su valor no depende de que una alícuota se mantenga.

La envoltura que absorbe la volatilidad

El seguro de vida de colocación privada, emitido desde una jurisdicción estable y neutral, aporta precisamente ese anclaje. No promete inmunidad frente a los impuestos —ninguna estructura legítima lo hace—, pero sí ofrece una base que no se reescribe cada vez que un parlamento nacional modifica la tributación patrimonial. La custodia segregada, la seguridad jurídica del marco emisor y la portabilidad del contrato dotan al patrimonio de una continuidad que las estructuras puramente domésticas no garantizan.

Esa continuidad es especialmente valiosa para las familias que combinan activos en su país de origen con presencia en el exterior, o que anticipan un traslado de residencia. La estructura internacional acompaña a la familia y absorbe parte de la volatilidad normativa local, en lugar de quedar a su merced. Conectamos esta idea con el papel institucional de las oficinas familiares en nuestra sección de preservación.

El diseño concreto de esa arquitectura depende de la situación de cada familia, de su país de residencia y de la composición de su patrimonio, y exige el concurso de asesores fiscales y jurídicos cualificados en las jurisdicciones implicadas. Lo que el mapa fiscal latinoamericano enseña es una disposición: construir para el cambio, no para la fotografía del momento.

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